De Bruselas I a Bruselas I bis

Aunque ya teníamos sobre la mesa las novedades legislativas de la Unión Europea desde 2012 en materia de competencia judicial y de reconocimiento y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil, no ha sido hasta el pasado 10 de enero cuando han entrado en vigor y se han empezado a aplicar plenamente.

Poniéndonos en antecedentes, la legislación española ya desde el artículo 149.1.8a nos indica que la competencia exclusiva corresponde al Estado en:

Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial.

Pero esta competencia exclusiva sobre el derecho privado se complementa con las relaciones internacionales de las que España forma parte como estado,  y que ha permitido la permeabilidad competencial, confluyendo junto con las normas de naturaleza estatal, otras de fuente internacional como son las de naturaleza convencional y las de naturaleza institucional.

Las normas de fuente internacional priman sobre las de producción interna, que únicamente resultan aplicables por los tribunales españoles fuera del ámbito cubierto por las primeras o en ausencia de ellas (art. 96.1 CE, art. 21 LOPJ y 36.1 LEC).(1)

A nivel estatal, la competencia sigue invariable, ya que esta viene establecida en la LOPJ:

  • Orden Civil: Art. 22
  • Orden Penal: Art. 23
  • Orden Contencioso-Administrativo: Art. 24
  • Orden Social: Art. 25

A nivel convencional, se sigue también aplicando el único convenio que podemos encontrar en este ámbito, el Convenio de Lugano. Este se recoge en la Decisión del Consejo 2007/712/CE, de 15 de octubre de 2007, relativa a la firma, en nombre de la Comunidad, del Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

Y a nivel institucional, hasta principio de este año estaba en vigor el Reglamento (CE) nº 44/2001, del Consejo, de 2000, relativo a la competencia judicial y al reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, conocido como “Bruselas I”. Tras la derogación de este, ya podemos referirnos plenamente en esta materia al nuevo Reglamento (UE) núm. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de noviembre de 2012, relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de decisiones en materia civil y mercantil, conocido como “Bruselas I bis”.

Cuando estamos diciendo plenamente, hay que referirse al artículo 81 de nuevo reglamento, en tanto que ya dos de sus artículos (El 75 y 76) había entrado en vigor el pasado año, relativos precisamente a la primaria del reglamento sobre convenios en la materia.

En cuanto al Exequátur, hay que mencionar el hecho de la voluntad de supresión ya iniciada en el anterior Reglamento 44/2001, y que en su tramitación previa se había previsto su total supresión, pero que tal y como se ha expresado en las consideraciones, se tendrá aún un periodo transitorio adicional. Esto lo podemos leer en el considerando 2:

El Consejo Europeo, reunido en Bruselas los días 10 y 11 de diciembre de 2009, adoptó un nuevo programa plurianual titulado «Programa de Estocolmo — Una Eu­ropa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano» (DO C 115 de 4.5.2010, p. 1). En el Programa de Estocolmo, el Consejo Europeo considera que el proceso de suprimir todas las medidas intermedias (el exequátur) debe continuar durante el período cubierto por dicho Programa. Al mismo tiempo, la supresión del exequátur debe ir acompañada de una serie de garantías.

(1) ESPLUGES MOTA, C., IGLESIAS BUHIGUES, J. L.,  Derecho Internacional Privado. Ed. Tiran Lo Blanch, Valencia, 2013.