Cuaderno nº 3

Un pequeño vistazo al mundo que me rodea

De Bruselas I a Bruselas I bis

Aunque ya teníamos sobre la mesa las novedades legislativas de la Unión Europea desde 2012 en materia de competencia judicial y de reconocimiento y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil, no ha sido hasta el pasado 10 de enero cuando han entrado en vigor y se han empezado a aplicar plenamente.

Poniéndonos en antecedentes, la legislación española ya desde el artículo 149.1.8a nos indica que la competencia exclusiva corresponde al Estado en:

Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial.

Pero esta competencia exclusiva sobre el derecho privado se complementa con las relaciones internacionales de las que España forma parte como estado,  y que ha permitido la permeabilidad competencial, confluyendo junto con las normas de naturaleza estatal, otras de fuente internacional como son las de naturaleza convencional y las de naturaleza institucional.

Las normas de fuente internacional priman sobre las de producción interna, que únicamente resultan aplicables por los tribunales españoles fuera del ámbito cubierto por las primeras o en ausencia de ellas (art. 96.1 CE, art. 21 LOPJ y 36.1 LEC).(1)

A nivel estatal, la competencia sigue invariable, ya que esta viene establecida en la LOPJ:

  • Orden Civil: Art. 22
  • Orden Penal: Art. 23
  • Orden Contencioso-Administrativo: Art. 24
  • Orden Social: Art. 25

A nivel convencional, se sigue también aplicando el único convenio que podemos encontrar en este ámbito, el Convenio de Lugano. Este se recoge en la Decisión del Consejo 2007/712/CE, de 15 de octubre de 2007, relativa a la firma, en nombre de la Comunidad, del Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

Y a nivel institucional, hasta principio de este año estaba en vigor el Reglamento (CE) nº 44/2001, del Consejo, de 2000, relativo a la competencia judicial y al reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, conocido como “Bruselas I”. Tras la derogación de este, ya podemos referirnos plenamente en esta materia al nuevo Reglamento (UE) núm. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de noviembre de 2012, relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de decisiones en materia civil y mercantil, conocido como “Bruselas I bis”.

Cuando estamos diciendo plenamente, hay que referirse al artículo 81 de nuevo reglamento, en tanto que ya dos de sus artículos (El 75 y 76) había entrado en vigor el pasado año, relativos precisamente a la primaria del reglamento sobre convenios en la materia.

En cuanto al Exequátur, hay que mencionar el hecho de la voluntad de supresión ya iniciada en el anterior Reglamento 44/2001, y que en su tramitación previa se había previsto su total supresión, pero que tal y como se ha expresado en las consideraciones, se tendrá aún un periodo transitorio adicional. Esto lo podemos leer en el considerando 2:

El Consejo Europeo, reunido en Bruselas los días 10 y 11 de diciembre de 2009, adoptó un nuevo programa plurianual titulado «Programa de Estocolmo — Una Eu­ropa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano» (DO C 115 de 4.5.2010, p. 1). En el Programa de Estocolmo, el Consejo Europeo considera que el proceso de suprimir todas las medidas intermedias (el exequátur) debe continuar durante el período cubierto por dicho Programa. Al mismo tiempo, la supresión del exequátur debe ir acompañada de una serie de garantías.

(1) ESPLUGES MOTA, C., IGLESIAS BUHIGUES, J. L.,  Derecho Internacional Privado. Ed. Tiran Lo Blanch, Valencia, 2013.

La Responsabilidad Civil

El Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que se aprobaba el Código Civil en España (Publicado el 25 julio en la Gazeta), titulaba en su Libro IV, De las obligaciones y los contratos.

Pero es el diccionario de la RAE el que nos sitúa en la implicación de lo que significa una obligación: Imposición o exigencia moral que debe regir la voluntad libre. Vínculo que sujeta a hacer o abstenerse de hacer algo, establecido por precepto de ley, por voluntario otorgamiento o por derivación recta de ciertos actos. En estas acepciones encontramos la obligación como una exigencia moral, como una consecuencia por derivación recta de ciertos actos; es decir, que a consecuencia de nuestros actos u omisiones, y como respuestas moral y ética, nos hemos de responsabilizar de ellos ante la sociedad como un pilar básico de la convivencia. Es lo que conocemos como Responsabilidad Civil.

Las fuentes de esa responsabilidad que nacen de las obligaciones son (1089 CC):

  • La ley
  • Los contratos
  • Los cuasi contratos
  • Los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia

Pero estas fuentes se reducen en su tratamiento a dos; por un lado la ley, los contratos y cuasi contratos, que son tratados en el artículo 1090 CC, y por adicción el artículo 1091 CC. Por otro lado están los actos y omisiones ilícitos, distinguiéndose entre si constituyen delito (1092 CC), o no se tipifiquen como tal (1093 CC).

Por tanto se puede circunscribir su estudio a las áreas de la responsabilidad civil:

  • Contractual; derivada del artículo 1091 CC.
  • Extracontractual; derivada del artículo 1093 CC.
  • Ex Delito; derivada del artículo 1092 CC.

Esta regulación es basica y para para su estudio, no solo hay que revisar el Código Civil, sino que hay que tener en cuenta otras norma, que si bien, ya vienen referidas en el propio Código, como es el caso de la RC Ex Delito, que remite al Código Penal; también podemos encontrar regulaciones especificas en ciertas materias (Las leyes relativas al uso y circulación de vehículos a motor, a los daños causados por la navegación aérea, a los llamados daños nucleares, a los daños causados por los aprovechamientos cinegéticos y por el ejercicio de la caza, las normas de protección de consumidores y usuarios en la medida en que pueden incidir sobre el problema de la responsabilidad civil extracontractual, los daños causados por los productos defectuosos y la responsabilidad civil por los daños causados al medio ambiente)(1).

En el area de la RC derivada de la comisión de un ilícito penal, estamos a las puertas de una nueva regulación que prácticamente va a hacer desaparecer las faltas del Código Penal, por lo que en el momento que se aprueben definitivamente dicha norma por las Cortes, habrá que ver las consecuencias que esto tiene en el cauce procesal mas adecuado para la exigencia de la responsabilidad civil por delitos o faltas tipificados como tal (leer más).

En todo este cuerpo normativo siempre vamos a encontrar la dificultad jurídica en la prueba de la responsabilidad civil, atendiendo a los siguientes presupuestos:

  1. Que se produzca un comportamiento.
  2. Que esa acción u omisión produzca un daño.
  3. Que exista un nexo de causalidad entre el comportamiento y el daño producido.
  4. Que se establezca un criterio de imputación de esa responsabilidad.

Ese criterio de imputación viene definido en el artículo 1089 CC, como Culpa o Negligencia, derivado de la tradición iusnaturalista, que ha impregnado los código civiles europeos, y en primer lugar en el Código Civil Francés; al causante del daño se le impone la obligación de indemnizarlo porque no ha actuado como hubiera debido hacerlo y porque si hubiera actuado bien, el daño no se hubiera producido (2).

Esta posición subjetiva en el criterio de imputación, no ha permanecido constante, y de hecho, el propio código civil francés, introdujo no solamente una responsabilidad que se funda en la culpa, sino que posteriormente también legisló que se puede considerar como factor de imputación el riesgo creado. Pasamos de un criterio subjetivo, a un criterio objetivo. Es lo que se conoce como objetivación de la culpa.

La ultima jurisprudencia esta mostrando un ligero cambio de criterio, volviendo a la culpa, como criterio de imputación, pero todo ello se basa igualmente en la prueba que se desarrolle ante el órgano juzgador, ya no basta con un simple medio de prueba que se remita a la jurisprudencia, sino que se ha de justificar y probar cualificadamente este criterio de imputación.

 

 

 

(1) GONZÁLEZ HERNANDEZ, R., “Responsabilidad extracontractual y contractual: barrera entre ambas”. Anuario Jurídico y Económico Escurialense, XLVI (2013) 203-214, Universidad Antonio de Nebrija.

(2) DÍEZ-PICAZO PONCE DE LEÓN, L., “Culpa y riesgo en la responsabilidad civil”. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, AFDUAM nº 4 (2000) 153-166, La responsabilidad en el Derecho.

 

Contratos – Cláusulas de Excesiva Onerosidad

En una vista rapida a la legislación española en materia de contratación, podemos encontrar una amplia regulación en el Código Civil (Real Decreto de 24 de julio de 1889), en su Libro IV, Título II De los contratos, Arts. 1254 a 1314. Además en el ámbito mercantil se establece una regulación especifica en el Código de Comercio (Real Decreto de 22 de agosto de 1885). Lógicamente, existen contratos específicamente regulados por normativa posterior, pero para comprender la redacción del clausulado de un contrato, es suficiente la consulta de las normativas ya reflejadas.

Partimos así, en la relación contractual de la base del artículo 1255 CC, en el que se establece que “los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”. Esto nos deja una gran flexibilidad a la hora de redactar un contrato, así como a reflejar en el, lo pactado por las partes de una forma clara y concisa.

Es por ello que el artículo 1091 CC, nos indica que “las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos”. Esto supone, no una limitación, sino una acción de responsabilidad entre las partes contratantes. Se debe y se puede llegar a acuerdos muy diversos y amplios, pero en este mismo sentido, se ha de ser responsable de su cumplimiento y por tanto de su redacción en un contrato que no deje lugar a interpretaciones tendenciosas, y que permitan su compresión por las partes e incluso por terceros que los puedan interpretar, como lo son jueces y/o árbitros.

De ese cumplimiento que nos habla el artículo 1091 nace la doctrina “Pacta Sunt Servanda”, los pactos, las cláusulas, los contratos están para cumplirlos.

Pero, ¿Que pasa cuando no se pueden cumplir, cuando hay hechos que impiden ese cumplimiento?, ¿Porque no hacer efectiva una Cláusula “Rebus Sic Stantibus”?.

Hasta hace muy poco tiempo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y la propia costumbre cultural española, hacia de los contratos un coto cerrado a su modificación por hechos sobrevenidos. Incumplir un pacto no estaba contemplado como una opción ética o moral. Así podemos encontrar en la STS de 10 de febrero de 1997 (RJ 1997, 665) como requisitos para considerar la posible modificación en base a una cláusula RSS:

  • Alteración extraordinaria.
  • Desproporción desorbitante.
  • Circunstancias radicalmente imprevisibles.

Esta posición doctrinal y jurisprudencial se ha visto profundamente afectada por dos factores que, si bien, no han sido coetáneos en su acción, si que han confluido para complementarse y sumarse a una corriente social preocupada por la imagen de una justicia cercana a los justiciables.

Por un lado esta la posición doctrinal del Derecho Civil Alemán en cuanto a la “Base del Negocio” introducida en la citada sentencia anterior, por el magistrado señor Orduña Moreno, y por otro lado, esta la crisis económico-financiera que arrastra la economía global desde mediados de 2007.

Estos factores devienen en la interpretación de la regla de la conmutatividad del comercio jurídico, como expresión de un equilibrio básico entre los bienes y servicios que son objeto de intercambio, y del principio de buena fe (1). Esta conmutatividad al ponerla en la perspectiva de la base del negocio, nos hace poner el acento en lo que se entrega y en lo que se recibe a cambio, y en la equivalencia de esa contraprestación. Aquí es donde podemos establecer si a raíz de una crisis como la actual, se puede calificar una contraprestación como excesivamente onerosa, incumpliéndose la base del negocio que llevo al pacto inicial.

La posible alteración causal del contrato, ha de realizarse de un modo objetivado mediante la utilización de dos criterios delimitadores de la tipicidad contractual de la cláusula:

a) la doctrina de la base del negocio que permite contrastar el alcance de dicha mutación o cambio respecto del sentido o finalidad del contrato y de la conmutatividad o equilibrio prestacional del mismo.

b) el marco de riesgo establecido o derivado del negocio, el denominado “riesgo normal del contrato”, de forma que para la aplicación de la cláusula el cambio o mutación, configurado como riesgo, debe quedar excluido del “riesgo normal” inherente o derivado del contrato.

Con estos parámetros el TS fallo a favor de un cambio en la doctrina aplicada hasta la fecha, y esto ha tenido una repercusión que va poco a poco haciendo su efecto. El goteo en este tipo de resoluciones, va a ser una constante en adelante, ya que la doctrina europea va en este sentido y lógicamente, aquello que es aplicable en los contratos mercantiles con elemento internacional, ha de ser incorporado a las relaciones jurídicas dentro del estado, para no causar una situación de indefensión.

Recientemente ha sido publicada una Sentencia que abre una puerta mas en este sentido, la STS de 15 de octubre de 2014 (Casación 591/2014) incorporando todos los fundamentos jurídicos anteriormente citados que ya incorpora la STS de 30 de junio de 2014 (RJ 3526/2014), e incorporando esta posición doctrinal a los contratos de arrendamientos de bienes inmuebles urbanos.

Como es logico, esta sentencia afecta en gran medida al trafico jurídico-economico actual y habrá que estar atentos a como se van resolviendo los procesos en curso, comprobando el verdadero alcance de esta doctrina y su jurisprudencia.

Hay que recordar que los contratos en si mismos son, tal como se mencionaba al principio, un reflejo de los pactos alcanzados en una negociación concreta, y por tanto no son totalmente asimilables unos contratos a otros, sus pactos y su clausulado; por lo que no siempre ante un mismo contrato podemos esperar la misma resolución, y por tanto esta es una jurisprudencia suigéneris.

(1) El TS fija doctrina sobre la caracterización y régimen jurídico de la cláusula rebus sic stantibus. Artículo de análisis de Jurisprudencia en Noticias Jurídicas.

Para profundizar más:  Roma e America. Diritto Romano Comune. Monografie; Jose Felíx Chamie Gandur; “La Adaptación del Contrato por eventos sobrevenidos. De la vis cui resisti non potest a las cláusulas de hardship”; Ed: Universidad Externado de Colombia; 2013

Las Cláusulas Abusivas en los Contratos

Esta semana ha sido prolifica en materia de contratos. El día 21 de enero pasado, se publico por parte de la oficina de prensa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), un comunicado en el que se daba a conocer la publicación de una sentencia dictada el día anterior.

Esta sentencia (ECLI:EU:C:2015:21) procede del asunto C-482/13, que en a su vez procede de los asuntos acumulados C-482/13 Unicaja Banco, S.A. / José Hidalgo Rueda y otros, C-484/13, Caixabank, S.A. / Manuel María Rueda Ledesma y otros, C-485/13 Caixabank, S.A. / José Labella Crespo y otros, y C-487/13 Caixabank, S.A. / Alberto Galán Luna y otros; y en ella, se ha resuelto una cuestión prejudicial que afectaba a la interpretación de la transposición de lo establecido en el artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Recientemente, ya se había producido un pronunciamiento en esta materia, siendo el criterio, que cuando en un procedimiento de ejecución el juez aprecie el carácter abusivo de una o varias cláusulas, puede decidir que la ejecución es improcedente o bien ordenar la ejecución sin aplicar las cláusulas consideradas abusivas (C-415/11).

La declaración de la Sentencia indica:

El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una disposición nacional con arreglo a la cual el juez nacional que conoce de un procedimiento de ejecución hipotecaria está obligado a hacer que se recalculen las cantidades debidas en virtud de la cláusula de un contrato de préstamo hipotecario que fija intereses de demora calculados a partir de un tipo superior a tres veces el interés legal del dinero con el fin de que el importe de dichos intereses no rebase ese límite, siempre que la aplicación de la disposición nacional:

—        no prejuzgue la apreciación por parte de dicho juez nacional del carácter abusivo de tal cláusula y

—        no impida que ese mismo juez deje sin aplicar la cláusula en cuestión en caso de que aprecie que es «abusiva» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la citada Directiva.

Es decir; que se hasta ahora el limite establecido en la legislación española en la que establecía si una cláusula sobre intereses de demora era abusiva, si estos eran tres veces superiores al interés legal del dinero, ya no es limitativo para la acción del juez, que si a su juicio estos son abusivos, puede declarar nula dicha cláusula, tanto si los supera, como si no (Leer Marco Jurídico – Párrafo 41 y 42).

Prácticamente con la noticia de la publicación de la Sentencia aún sobre la mesa, el día 23 de enero se dio a conocer que el Consejo General del Notariado, puso en marcha una pagina web por parte de su Órgano de Control de Cláusulas Abusivas (OCCA).

En esta página, ademas de encontrar un información completa sobre legislación, sentencias, resoluciones de la DGRN, también podemos encontrar artículo sobre esta materia, publicaciones, y enlaces de ayuda. Pero realmente lo mas útil es la posibilidad de consultar las Cláusulas Abusivas declaradas por ley o por una sentencia judicial, y además se puede consultar directamente las cláusulas registradas en el Registro de Condiciones Generales de Contratación.

El Master

Una vez “Graduado” o “Egresado”, según el Plan Bolonia, ahora toca realizar un Master para completar los estudios de grado.

En mi caso ya tenia eso claro antes de empezar, ya que este Master es condición Sine Qua Non para el ejercicio de la profesión de abogado. Y por ello hoy voy a asistir a la presentación de dicho Master.

De entre todas la ofertas que he visto en el mercado universitario, he elegido aquella de la ciudad donde vivo. Por un lado esta la comodidad, pero por otro también esta la expectativa de unas practicas adecuadas y con ello la garantía de una formación adecuada.

Bien, me voy a ver la presentación. Un nuevo proyecto empieza.

Acreditación

 

Después de un tiempo de profunda lectura y trabajo, al final, ya he accedido al Certificado como Conocedor Básico de Eneagrama.

Con esta acreditación, ademas de seguir formándome e investigando, me acojo al estándar ético y profesional de la Asociación Internacional de Eneagrama, para su divulgación y su uso.

Conocedor Basico Antonio Martínez Marin

 

 

 

Nuevos conceptos

Hace tiempo vengo desarrollando mi actividad en un local de coworking en Granada. Cocorocó. Este concepto de trabajo o forma de trabajar no es nuevo, aunque su estructuración social, si que ha sido más reciente.

Navegando por la red nos podemos encontrar un manifiesto que de forma clara y sencilla explica cuales son los valores y la finalidad que mueve a las personas a compartir su espacio de trabajo.

En esta etapa que nos ha tocado vivir, quizás cualquier forma de reinventarse permite albergar soluciones ante los retos que se nos plantean.

Para mi esta forma de trabajo compartido supone un aliciente en el estudio del Eneagrama, ya que la posibilidad de observar las iteraciones de individuos y grupos en una sociedad que conforma el coworking, me permite descubrir a cada instante rasgos y las posibles soluciones a conflictos.

La mayor riqueza de esta forma de trabajo es la no existencia de paredes, el espacio compartido en si mismo, es una gran tarea en proceso, que incluye subconjuntos de micro-tareas.

Así nace Cowork In Process

Matices entre el Tipo 2 y el Tipo 4

Muchas veces la gente me pregunta sobre la diferencia entre un Tipo 2 y un Tipo 4, ya que ambos tipos se encuentran relacionados en la hexada. Si nos atenemos al modelo de estrategias de ATAI, podemos observar dos estrategias principales. Para el Tipo 2, el esfuerzo por conectar; y el Tipo 4, el esfuerzo por ser único.

En el caso del Tipo 2 en su estrategia de esfuerzo por conectar, tiene como estrategia ignorada o punto ciego, la estrategia de esforzarse por ser único. Así en sentido inverso, el Tipo 4, su estrategia preferida  de esforzarse por ser único se complementa con su estrategia de apoyo de esforzarse por conectar. Esta conexión aparentemente es mas intensa en el Tipo 4 ya que tiene como apoyo la estrategia del Tipo 2 y en el primer caso, la relación 2 a 4, es una estrategia ignorada.

Pero saliendo de la teoria y situándonos en lo simple, en el matiz como factor diferencial, se puede apreciar una necesidad de público en ambos tipos. De forma concreta, el Tipo 2 se encuentra en una necesidad permanente de conectar con otros, y así busca de formas muy diversas que las personas le presten atención, necesita un público que lo mire, lo observe, se percate de su existencia, no necesita mas, simplemente necesita ser recibido.

Este bloqueo lleva a las personas con rasgos característicos de este tipo, a tener una actitud a veces llamativa, histriónica, de una energía descontrolada, y en otras su estrategia les lleva a fingir que prestan atención, cuando lo único que quieren es que les presten atención a ellos.

En el caso de los Tipo 4 esa necesidad de público, va mas alla de ser recibidos y se adentra en el reconocimiento, pues su esfuerzo por ser únicos, les lleva a necesitar comunicarlo, a que los demás lo entiendan y lo comprendan; se transforma así en una dramatización de las emociones, un teatro de sufrimiento incomprendido ya que nadie les entiende aunque ellos se lo cuenten.

Visto de esta forma, esa necesidad de público matiza ambos tipos, siendo necesario para diferenciarlos, encontrar el fin último  para el que es necesario, es decir, si es para ser visto (T2) o para contarles algo (T4).

 

 

El uso del Suelo Urbano Consolidado

Esta semana he realizado un arduo trabajo de documentación para abordar una reclamación típica en el perímetro del mallado urbano. Los PGMO, sobre todo los elaborados en la ultima dedada, se realizaron de forma global sin entrar en la problemática de cada área que se transformaba, por falta del adecuado tiempo para su estudio.

Esta situación se creo por la nula voluntad política que durante años retraso la modificación de los PGMO existentes. Hay que reconocer que de forma habitual en las consideraciones de estos instrumentos de planeamiento, se establecía una duración habitual media de 20 años, lo que con el desarrollo experimentado durante los precedentes años 80, esta dinámica quedaba obsoleta. Esto no impidió que se dilatara el proceso de elaboración de los nuevos PGMO en la mayoría de los municipios que poseían ya un Plan propio.

Este instrumento, como se ha demostrado en los altísimos casos de corrupción aparecidos en la geografía española, son de una gran sensibilidad, ya que afectan a un derecho básico en la legislación civil, y constituye un pilar básico de la sociedad; estoy hablando como no, del Derecho de Propiedad.

En el caso que me ha ocupado es semana, se suscitaba el caso de diferencia entre lo que el planeamiento define y lo que la Ley del Suelo del 2007 entiende que se trata. Así  tal y como se recoge por varios autores, esto crea un problemas añadido, y es ¿Por qué se habla de Suelo Urbano Consolidado cuando aun no es un Solar? y ahí entramos en la obra necesaria para que el suelo del que estemos tratando, se transforme en solar.

Las ultimas legislación y con ellas los PGMO, establecen actuaciones sistemáticas y asistemáticas, es decir, actuaciones integrales y aisladas, para realizar este desarrollo o transformación de suelo. Y esto es lo sorprendente, que el propio equipo redactor de la norma, contemple este tipo de actuaciones y sin embargo no sea capaz de pasar de la redacción de la norma en un despacho a visualizar la realidad sobre el terreno, clasificando o categorizando arbitrariamente el suelo y con ello creando situaciones con solución complicada, por no decir imposible.

Estos problemas se acentúan en el perimetro del mallado urbano, donde nos encontramos con zonas donde con una simple actuación aislada se completa la transformación del suelo, y otras, donde la cantidad de obra necesaria y las cargas o afecciones preexistentes, impide un desarrollo equitativo que obliga a realizar actuaciones integrales.

En el caso que me ocupa, surge este problema, que por un lado el PGMO considera este suelo un Suelo Urbano Consolidado pero la realidad es que es necesaria una Actuación Integral que hubiera hecho preferible la categorización del mismo como No Consolidado,  o en un extremo mas conservador, haberlo clasificado como Urbanizable.  Pero ¿Que pasa con los vecinos colindantes que no tienen estas cargas? A ellos el mismo PGMO ya les concede el derecho de edificar con una mera actuación aislada.

Ahora nos toca a los demás arreglar lo que no se ha hecho en tiempo y forma.

Introducción al Método Conciencia en Acción

El pasado mes de mayo, se celebro en Madrid un curso sobre el Método Conciencia en Acción de Mario Sikora.

Este Workshop vino precedido por una reunión previa en el mismo lugar con Maria Jose Munita, presidenta actualmente de la IEA, donde se nos mostró la nueva web de ATA, junto con un plan de desarrollo posterior.

Este trabajo realizado durante el fin de semana, pone la primera piedra para un futuro plan de trabajo e implantación de este método y su aplicación en el mundo del trabajo en equipo, coworking, coaching personal y ejecutivo; así como un conjunto de actividades diversas sobre las que aplicar el Eneagrama de forma fácil y sencilla.

Desde mi residencia actual en Granada, ya estoy aplicando los resultados de este trabajo, a la espera de poder continuar la formación en los próximos meses.